La última semana de marzo se celebró en Palma el Congreso Europeo de RSE, organizado por la Presidencia española de la Unión Europea. Perdimos otra oportunidad.
Allí nos reunimos los fervientes y no tan fervientes miembros de este exclusivo club de la RSE Europea. Representantes políticos, eurodiputados, directivos responsables de la RSE de las empresas, de la GRI, ONG, Eurosif, Spainf, Sindicatos, Observatorios, Universidades...todos expertos.
Muchos de los alllí presentes son miembros del Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), que vio la luz hace unos meses como primera plataforma de diálogo multistakeholder y cuyo objetivo final es hacer propuestas al Gobierno en esta materia.
Qué mejor oportunidad que este Congreso para haber anunciado una propuesta por parte de los miembros del Consejo Estatal de la RSE (CERSE) a la Ley de Economía Sostenible que permitiera a este país convertirse en punta de lanza de la RSE Europea. Pero no.
Hubo conversaciones. Se pudo llegar a este Congreso con un acuerdo de los miembros del Consejo Estatal de la RSE en el que se anunciara que España fijaba una postura respecto a la obligatoriedad o no de las memorias de sostenibilidad para las empresas cotizadas.
La propuesta, que llegó a circular, presentaba un escenario similar al modelo danés según el cual las empresas del Ibex 35 presentarían una memoria de RSE siguiendo el formato de la Global Reporting Initiative y deberían estar suscritas al Global Compact cumpliendo anualmente con sus informes de progreso. Tambien se sugerían otras opciones relacionadas a su presencia en el Dow Jones Sustainability Index o en el Fottsie, incluso se llegó a habnlar de incorporar los criterios de la OCDE...
No parecía difícil. Un acuerdo de mínimos para seguir avanzando. Hubo conversaciones, si, pero al final entre pitos y flautas, dimes y diretes, "la cosa" se quedó en ná.
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