Hace unos días se celebró en ESADE una jornada sobre RSE y competitividad en el siglo XXI. Las buenas prácticas de las políticas públicas en Europa. Tras el fiasco del Encuentro de Palma de Mallorca, las Conclusiones del Congreso Nancional de RSE de Zaragoza, y el aparente abandono del tema de la RSE por la Comisión Europea, la cuestión de por donde van a ir las políticas públicas de RSE es una cuestión que nos preocupa, y mucho, a los profesionales de la materia.
Juan José Barrerra, Director General de la Economía Social y el Trabajo Autónomo y de la RSE, hacía unas declaraciones en la jornada a propósito de la Ley de Economía Sostenible, en las que afirmaba que cuando la ley habla de fomentar la RSE en las empresas se refiere únicamente a "ayudar a que las empresas hagan Memorias de RSE". En la entrevista Barrera también deja entrever que tampoco se van a dar unos indicadores concretos con los que tengan que cumplir.
Josep Mª Lozano, profesor de ESADE, afirmaba al hilo de las jornadas y en un reciente post publicado que las políticas públicas de RSE son fundamentales en tiempos como los actuales. "Porque lo que está en juego no es tan sólo el salir de la crisis sino el cómo salir y los aprendizajes sobre las malas prácticas que nos han llevado hasta ella" y apuntaba la necesidad de que "toda política pública de RSE presupone el que podríamos denominar una condición de credibilidad: que se lo aplique la propia administración que la propugna".
¿Están nuestras administraciones públicas a la altura de esta exigencia? ¿Va a ayudar el Consejo Estatal de RSE a fomentar en serio estas políticas? ¿Realmente saldremos de la crisis con las lecciones aprendidas?
Queda para la reflexión conjunta....
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