¿Irresponsabilidad social empresarial en Cataluña?*

[José Ángel Moreno Izquierdo]

Es inevitable que el cambio de sede social que están llevando a cabo varias empresas catalanas (y el que estudian muchas más) sea considerado por sectores independentistas como un claro reflejo de insolidaridad empresarial con su sociedad y con su patria. No pretendo defender a las empresas que lo están haciendo (más de una cuenta en su haber con prácticas no poco cuestionables), ni suponer que el dinero es solidario ni que tenga sentimientos. Pero si se examina todo este lamentable asunto a la luz de la responsabilidad social, convendría hilar más fino.

Porque irresponsabilidad social ha habido mucha en todo este proceso de desencuentros entre Cataluña y el resto de España, pero no principalmente por parte de las empresas. Mucho más irresponsables han sido los gobiernos catalán y español, que han conducido a nuestra sociedad a una situación límite: en un caso, desde una enloquecida vulneración de la legalidad; en el otro, desde una pasividad y una rigidez suicidas. Y tampoco han estado sobrados de responsabilidad varios de los principales partidos políticos. Así que, si hablamos de irresponsabilidad social en este caso, no deberíamos ser especialmente severos con las empresas catalanas que quieren cambiar su sede; aunque no pueda dejarse de lado la irresponsabilidad derivada del miedo a explicar con rotundidad suficiente a los sectores independentistas y al gobierno catalán los riesgos económicos de la aventura y a plantear con claridad cuáles podrían ser sus decisiones en el caso de que se siguiera avanzando en ella.

Pero una vez aprobadas -de aquella manera- las leyes de desconexión y transitoriedad y celebrado el sucedáneo de referéndum, y una vez constatados también los errores apabullantes y la falta de voluntad de diálogo del gobierno central, no tiene sentido tachar de irresponsables socialmente las decisiones de cambio de sede. Ante todo, porque la responsabilidad social empresarial no está relacionada con sentimientos de pertenencia a una patria, que difícilmente pueden ser experimentados por personas jurídicas, sino con el compromiso que toda empresa debe tener frente a los colectivos a los que afecta más significativamente con su actividad y de los que más depende para poder desarrollarla adecuadamente y generar valor con ella: accionistas e inversores, empleados, clientes, proveedores y empresas asociadas a su cadena de valor, comunidades en las que desarrolla su actividad y sobre las que más directamente incide... Las decisiones de cambio de sede pueden responder, precisamente, a la necesidad -moral siempre y legal en muchos casos- de respetar ese compromiso: de defender los intereses de esos colectivos.

Claramente en el caso de accionistas e inversores, que contemplan la incertidumbre catalana con el temor reverencial que inevitablemente sienten frente a toda situación en que la seguridad jurídica -y por tanto su inversión- se ve amenazada. Y muy especialmente cuando las empresas afectadas son entidades bancarias, que en el caso hipotético de una independencia real, perderían la esencial cobertura del Banco Central Europeo y las vías de acceso a su liquidez. El cambio de sede sólo puede ser valorado positivamente por los accionistas, inversores y suministradores de financiación, que -aunque se trate de desalmados multimillonarios extranjeros u opacos inversores institucionales- en este caso actúan razonablemente en defensa de sus intereses y de los intereses de sus partícipes cuando impulsan -como lo están haciendo- los cambios de sede. Y para las empresas afectadas no es fácil ni sensato no tomar en consideración estas presiones, que sin duda están siendo decisivas en muchos casos.

Pero también son razonables las decisiones de cambio de sede para los empleados, clientes, proveedores y comunidades en las que se desarrolla la actividad empresarial, porque se trata de decisiones encaminadas a proteger la viabilidad de las empresas y no afectan negativamente en nada a estos colectivos. El cambio de sede es un procedimiento puramente formal, registral, que no tiene por qué implicar en absoluto traslados de instalaciones, oficinas o empleo a otros terriorios. Toda la actividad en Cataluña de las empresas que mudan su sede seguirá como siempre (al margen de la incidencia tributaria: modesta a corto plazo, pero fundamental en caso de independencia). Sólo que con la garantía jurídica que concede el Estado en el que se resitúan (y la de la Unión Europea, a la que de ninguna forma puede darse por hecha la pertenencia de un hipotético Estado catalán independiente).

Algo a lo que se suman en muchos casos estrategias encaminadas a proteger a las empresas de campañas de boicot a productos y servicios de entidades catalanas que pueden desarrollarse en el resto de España. Estrategias que presumiblemente ponderarán el probable surgimiento en Cataluña de campañas en contra de las compañías que cambien de sede.

Por tanto, y al margen de las consecuencias económicas que todo esto puede generar en Cataluña y en España, no me parece justificado acusar de irresponsabilidad con la sociedad a las empresas catalanas que están tomando estas -sin duda dolorosas- decisiones por el hecho de tomarlas. Probablemente haya muchas otras razones para hacerlo, pero no por el cambio de sede.

Lo que no debe entenderse como despreocupación frente a los problemas económicos (y más aún extraeconómicos) que el conflicto catalán puede (ya lo está haciendo) provocar: y desde luego, no sólo en Cataluña. Problemas que se están alimentando insensatamente desde muchos ámbitos y ante los que lo imprescindible -creo- es lo que tan prudentemente recomienda Muñoz Molina: “Hay que parar. Es urgente una tregua. A cualquier precio hay que recobrar la cordura, o al menos dejar en suspenso tanta vehemencia... Lo urgente es establecer, improvisar, un espacio de concordia, por precario que sea, empezando por el logro mínimo de esforzarse uno mismo en no decir nada o hacer nada que pueda agravar el encono” (El País, 7/10/2017). Sólo desde esa tregua de mesura y desde esa voluntad de entendimiento será posible encontrar soluciones mínimamente válidas para todos. Eso -me parece- es lo socialmente responsable.

* Artículo publicado en Diario Responsable, 8/10/2017