Negocios inclusivos, microfinanzas y usureros José Ángel Moreno (*)

[José Ángel Moreno Izquierdo]

 

Negocios inclusivos, microfinanzas y usureros

José Ángel Moreno (*)

 

Aunque no sean la panacea universal contra la pobreza con que sus apologetas las presentan,  un
considerable segmento de la opinión experta considera que las actividades empresariales dirigidas a personas desfavorecidas pueden constituir  una forma clara de ejercer la responsabilidad social de la empresa. Una línea de actividad de gran potencial positivo para esas personas  y que, bien diseñada y
gestionada, puede ser también muy positiva para la empresa.

 

Recordemos brevemente de qué hablamos: de actividades de negocio (por tanto, con ánimo de beneficio: no es acción social) que se concretan  en el desarrollo y/o comercialización de productos y servicios (a veces, en condiciones diferencialmente favorables)  orientados específicamente a personas de muy bajos ingresos, inevitablemente mal atendidas por los canales convencionales del mercado y a las que dichos productos o servicios pueden prestar una especial utilidad.

 

En su forma más canónica, es lo que -en expresión de quien pasa por ser su inventor,  el profesor C. K. Prahalad- se ha denominado “negocio dirigido a la base de la pirámide (BDP)”: es decir, focalizado a los segmentos de la población que integran los estratos inferiores de la pirámide demográfico-económica.
Segmentos que, como es bien sabido, constituyen una inmensa mayoría de la población mundial  (no menos de 4.000 millones de personas).

 

En este sentido, la característica más destacada, y el principal valor, de este tipo de actividades es que pretenden combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de colectivos de muy bajos recursos a través de mecanismos de mercado, de medios comerciales, alejándose así de las metodologías tradicionales basadas en las políticas públicas y/o en la subvención y la filantropía. Es decir, creando valor compartido tanto para la empresa como para los colectivos a los que el negocio se dirige.

 

Segmentos normalmente desatendidos por la empresa avanzada ante su escasa capacidad de compra, pero que -como muchos investigadores y no pocas experiencias empresariales han venido mostrando en los últimos años- pueden constituir un mercado rentable para las empresas que sepan entender adecuadamente sus necesidades y sean capaces de ofertarles productos y servicios claramente útiles y en condiciones satisfactorias: convirtiéndoles -como asegura Prahalad-  en “consumidores activos, informados y participantes” y contribuyendo con ello a mejorar sus condiciones de vida.

 

Es un modelo de negocio dirigido a ámbitos donde frecuentemente no llega el mercado o donde sólo llegan empresas tradicionales o informales, casi siempre de forma muy deficiente y frecuentemente con condiciones abusivas. Pero que puede ser perfectamente asequible para muchas empresas avanzadas e
incluso convertirse  en un elemento clave de su actividad. Todo, siempre que la empresa sea capaz de adecuar su actividad a las necesidades y condiciones de la BDP. Si lo consigue, no sólo logrará niveles
de rentabilidad positivos, sino que puede encontrar en ello una potente vía de innovación y de expansión.

 

Pero, como suele suceder, no todo en este ámbito es tan idílico como a veces se pinta. Ciertamente, son ya numerosos los casos que demuestran que la BDP puede ser un nicho perfectamente generador de
rentabilidad para la empresa: otra cosa es que esa rentabilidad sea siempre compatible con la responsabilidad social.

 

En efecto, el éxito económico de estas modalidades de negocio viene siendo tan llamativo en los últimos años  que, como un dulce e inmenso panal,  está atrayendo de forma extraordinaria el interés de muchas empresas: y en muchos casos, de empresas poco preocupadas por la ética o la responsabilidad social. Tiburones disfrazados de filántropos que han tomado buena nota de que en los pobres late un inesperado potencial de beneficios y que están engrosando sus cuentas de resultados con actividades que, aún reclamándose alineadas con esta filosofía, poco tienen que ver con los objetivos que la inspiran. Tiburones, para más inri, que no pocas veces justifican sus negocios con una empalagosa, farisaica y estomagante retórica de ética, compromiso social y preocupación por los pobres de la tierra.   

 

A este respecto, debe diferenciarse, ante todo, entre empresas que simplemente venden sus productos o servicios a personas de bajos ingresos  (algo, por otra parte, que no constituye ninguna novedad) y aquellas actividades empresariales que se dirigen a estos colectivos queriendo al tiempo satisfacer necesidades sociales importantes y ayudarles a mejorar su calidad de vida.

 

Es algo que vienen denunciando desde tiempo atrás diferentes autores y organizaciones sociales, que,
en muchos casos, van más allá, sosteniendo  que para que el negocio BDP sea responsable y útil para los colectivos desfavorecidos hace falta que tome en consideración otras dimensiones, aproximándose a las personas necesitadas no sólo en su calidad de clientes.  Dimensiones que convertirían esas actuaciones en verdaderos “negocios inclusivos” y que, muy sintéticamente, pueden resumirse en las siguientes:

1. Los productos o servicios deben tener alta calidad, precio bajo y condiciones muy adecuadas para la
   población pobre, lo que implica que deben estar especialmente diseñados para ella, ser accesibles y estar absolutamente focalizados hacia sus necesidades. Desde luego, no se trata de ofrecer productos convencionales rebajados o versiones simplificadas (y peores) de los productos habituales.
2. Los negocios inclusivos deben tratar de satisfacer necesidades reales de la población pobre, y no
   generar necesidades artificiales o no básicas que pueden acabar empeorando su calidad de vida.
3. La utilidad social sólo es posible a través de la formación, del incremento de las capacidades y del empoderamiento de la población a la que se dirige el negocio.
4. Este tipo de estrategias sólo consiguen ser viables y socialmente útiles si se basan en una metodología de cooperación integral (lo que algunos autores llaman “cocreación”), particularmente con la población beneficiaria y con agentes locales, pero también con instituciones públicas y organizaciones sociales que centran sus actuaciones en la defensa de la población foco del negocio.
5. El negocio sólo puede ser real y eficazmente inclusivo si trata de incorporar a la población foco no sólo en su faceta de cliente, sino también -y muy especialmente- en el trabajo el suministro y la distribución, generando empleo, actividad y renta. Factores, por otra parte, imprescindibles para hacer posible un consumo sostenible en dicha población. Sin olvidar las virtualidades que puede tener la inclusión a través del consumo, cada vez es mayor el número de autores que insisten en que lo verdaderamente significativo para reducir la pobreza -es casi una tautología- es incrementar la capacidad de generar ingresos. Desde este punto de vista, “los negocios inclusivos se pueden definir como modelos de negocio que incluyen a los pobres en el lado de la demanda como clientes o consumidores y en el lado de la oferta, como empleados, productores o dueños de empresas, en distintos puntos de la cadena de valor” (C. Valor, coord., Empresa energética y ODM: benchmark internacional, Fundación Carolina, 2010).  

 

No todas las fórmulas de negocio dirigidas a colectivos de baja renta que pretenden (por su prestigio o por pura estrategia comercial) adornarse con la vitola de esta corriente cumplen con estos
requisitos.  Y cuando desde la empresa se contempla a la BDP, como sucede con demasiada frecuencia,  sólo como un nuevo campo de actuación de sugestivo potencial de beneficio, los resultados pueden ser ciertamente positivos para las empresas (y no siempre), pero desde luego no lo son tanto para las personas necesitadas a las que se enfocan. A veces, incluso, son abiertamente perniciosos: porque generan necesidades artificiales y superfluas (comercializando productos claramente innecesarios para las personas de muy baja renta), porque aprovechan la falta de competencia y su poder de mercado para imponer precios abusivos, porque impulsan el sobreendeudamiento de los clientes y porque, en definitiva, en no pocos casos acaban propiciando empeoramientos claros en las  condiciones de vida de los presuntos beneficiarios de su actividad.

 

El caso de las microfinanzas

 

Por si no lo hubieran adivinado ya, es algo que merece recordarse en este Dossier porque tiene una especial incidencia en la actividad microfinanciera.

 

Una actividad con resultados difícilmente cuestionables (aunque no deje de haber posturas muy críticas) en sus objetivos de ayudar a las personas de muy bajos ingresos al emprendimiento y a mejorar su calidad de
vida y que ha alcanzado en pocos años (poco más de treinta) una expansión que  sólo puede calificarse como espectacular (más de un centenar de millones de clientes).

 

Ha sido también este éxito (al menos comercial) la causa de una intensa atracción hacia el sector de oferentes de procedencia crecientemente diversa: en ocasiones, entidades financieras convencionales o
filiales suyas, pero también entidades microfinancieras (EMFs) con desmedido afán de crecimiento, financieras, firmas de consumo, cadenas de electrodomésticos y un largo etcétera. Entidades que, en ocasiones, buscan beneficios extraordinarios aprovechando mercados de insuficiente competencia, fuerte demanda, escasa formación y débil o inapropiada regulación.

 

Suelen ser, por otra parte,  entidades que disponen de un nivel de recursos y  una capacidad de expansión y de atracción de capital -en base a las rentabilidades que consiguen- mucho mayores que la generalidad de las instituciones microfinancieras. Entidades que, frente al alto coste y la severidad de análisis de los microcréditos “tradicionales” (dirigidos a actividades productivas), captan clientes concediendo fácil financiación de consumo (muchas veces, comercializada bajo la denominación de microcréditos), impulsan
un peligrosísimo sobreendeudamiento, actúan con criterios decididamente cortoplacistas, en absoluto forman (como lo hacen las buenas EMFs) a los clientes (sino que se aprovechan de su baja formación) e imponen siempre que pueden precios de vértigo (en algún país latinoamericano se han alcanzado en años recientes tipos de interés entre el 80 y el 100%; y más en ventas a plazos). Todo ello posibilitando beneficios auténticamente  espeluznantes en ciertos casos. 

 

Como ha escrito Damian von Stauffenberg (Presidente de MicroRate), estamos ante auténticos “animales con colmillos que se ponen el traje de ovejas de las microfinanzas”. Animales fieros que, en palabras de
Muhammad Yunus, están “conduciendo al microcrédito en la dirección del usurero”, “cuando debería tratar de ayudar a los pobres a salir de la pobreza protegiéndoles de los usureros, no creando otros nuevos”. Es decir, cuando -como ha señalado Carmen de Velasco, Directora de la red microfinanciera Promujer- “los objetivos deben ser completamente diferentes: bajar las tasas de interés a un mínimo que garantice la sostenibilidad institucional”. Ésa, no lo olvidemos, ha sido la convicción fundamental de las entidades microfinancieras no empresariales (que son las que han impulsado el éxito del sector): que la rentabilidad no es el objetivo, sino sólo un instrumento para la sostenibilidad de las entidades. Y está por ver que sin ese fundamento este sector pueda funcionar con éxito de forma sostenida en el tiempo.

 

Nótese que todo lo anterior hace referencia a entidades (muchas, recientes en el sector) en las que prima la rentabilidad por encima de su misión social: una primacía, en general, extraña a la mayoría las entidades microfinancieras. No debe verse en ello, por tanto, una crítica indiferenciada a las microfinanzas. Muy al contrario, lo que se pretende destacar es el peligro que produce el interés empresarial hacia determinados
nichos de la BDP cuando ese interés depende exclusivamente del alto beneficio potencial. Cuando esto sucede, no sólo se producen situaciones puntuales escandalosas: la propia competencia induce dinámicas perversas y el olvido de la presunta finalidad social,  impulsando subidas generales de precios y endurecimiento creciente de las condiciones, así como un frecuente deterioro de la calidad de los productos. Un fenómeno, lo que a veces se olvida, que en buena parte se ha producido por el propio descontrol de un mercado relativamente joven y muy expansivo, caracterizado por insuficientes (cuando no inexistentes) mecanismos adecuados de regulación y supervisión.

 

Ciertamente, la sostenibilidad empresarial exige rentabilidad; y la expansión de las microfinanzas requiere atraer inversores, para lo que es necesario exhibir niveles de beneficio sugerentes. Pero la evidencia empírica muestra que en este sector son muy graves  los riesgos que se generan para la sociedad y para los sectores desfavorecidos cuando la rentabilidad deja de ser el instrumento de la misión social y se convierte (como en la actividad empresarial normal) en  una simple vía de enriquecimiento. Y toda empresa que se autoproclame responsable no debería olvidar que -como ha señalado J. Lewis, Director de MicroCredit Enterprises- “hay algo indecoroso cuando los muy ricos obtienen ganancias innecesariamente
excesivas de los intolerablemente pobres”.

 

En estas condiciones, llamar a estas prácticas “negocios inclusivos” no deja de ser un eufemismo, cuando no algo mucho peor: porque no son sino viejas formas de explotación de las personas de muy bajos recursos, insoportablemente envueltas ahora en el ropaje presuntamente innovador de la responsabilidad social.  Más que negocios inclusivos, puros y duros negocios a costa de los pobres. Malas prácticas, recordemos,  que, como es evidente en la actividad empresarial convencional,  no es posible combatir sin el auxilio de una regulación y una supervisión más exigentes.

 

 

(*) José Ángel Moreno es Vicepresidente de Economistas sin Fronteras, coordinador de “Dossieres EsF” y profesor asociado de RSC de la UNED.  

Este artículo se ha publicado en el número 3 de “Dossieres EsF”, que dedica su atención monográfica al tema “Sombras en las microfinanzas” y puede verse y descargarse libremente en www.ecosfron.org . El artículo, que se reproduce aquí sin las notas bibliográficas con que se ha publicado originalmente, es una versión ampliada y sensiblemente modificada del artículo “El negocio socialmente responsable: los peligros de la impostura”, que el autor escribió para el colectivo Alternativa Responsable y que se publico en Expansión el 22 de octubre de 2009.