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El último Informe del Observatorio de RSC: una buena noticia

El último Informe del Observatorio de RSC: una buena noticia

José Ángel Moreno Izquierdo 

(Economistas sin Fronteras y profesor de RSE de la UNED y de la Universidad de Navarra)

Artículo publicado en Diario Responsable

Me permito añadir este texto como contribución al debate sugerido por Carmen Martí en su estupenda nota sobre “Lo que no cuentan las memorias de RSC”.

 

El pasado 9 de febrero, “El País” recogía dos noticias que a mí me impactaron particularmente: la caída de Mubarack (no soy muy original) y una reseña -¡en la sección de Bolsa!- del último Informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa sobre las memorias de RSE de las empresas del IBEX 35. La primera la esperábamos muchos desde días atrás. La segunda (y disculpen los autores) no se la esperaba nadie.

Y no, desde luego, porque el espléndido Informe del Observatorio no merezca ser comentado  -se ha comentado en muchos otros medios y, de hecho, es lo que yo pretendo hacer aquí -, sino por el hecho de que la reseña apareciera en la sacrosanta sección en que lo hizo: síntoma -¡ojalá!- de que la RSE empieza a ser significativa  en términos y medios económicos.

Sea como fuere, el Informe merece un análisis detenido: ante todo, por los resultados que su análisis arroja respecto a la calidad de las memorias de RSE de buena parte de las principales empresas españolas. Un análisis, por cierto, que no invita a demasiadas alegrías: “otro año más –señala el Informe-, las palabras moderado y lento avance definen las escasas variaciones registradas globalmente respecto a los resultados del año pasado” (pág. 8), en un contexto en el que destaca “el escaso reflejo que los compromisos públicos asumidos están teniendo en las operaciones de las grandes empresas españolas” (pág. 8); operaciones que en no pocos casos el Informe considera dudosamente coherentes con la apuesta por la sostenibilidad y la RSE que todas las empresas analizadas dicen defender.

Pero no es de la calidad de las memorias de lo que quería ocuparme aquí, sino de tres aspectos                      -estrechamente interrelacionados- sobre los que, entre otras muchas cosas,  reflexiona el denso y muy interesante editorial introductorio. Tres aspectos que deberían estar en el centro de las preocupaciones de la gestión responsable, pero que me temo que se olvidan con demasiada frecuencia: 1) la -diferente- compatibilidad de las estrategias de política económica (de los modelos económicos) con la RSE; 2) la influencia de las empresas (sobre todo, de las grandes) en esos modelos; y 3) la tensión entre nivel legal y RSE en ámbitos fuertemente regulados. Aspectos todos que el editorial del Informe analiza con una especial atención hacia el terreno de la fiscalidad, que es el tema central al que este año se dedica el editorial.

 

1. Políticas públicas y RSE

En cuanto al primero, el Informe participa de una preocupación muy generalizada: pese a las primeras reacciones de muchos gobiernos, organizaciones y expertos  ante la debacle de la crisis, las estrategias de salida están fortaleciendo, en esencia, el modelo que nos condujo al desastre: acometiéndose sólo correcciones superficiales frente a los defectos que estaban en su génesis y siempre “dentro del mismo paradigma agotado que nos llevó a ella” (pág. 13). Una estrategia que, pese a una retórica cada vez más extendida, no genera los incentivos adecuados para la generalización y profundización de la RSE ni, por tanto, para la consolidación de un estilo de desarrollo más responsable y sostenible.

Celebro la importancia que el Observatorio dedica a este tema, porque coincide con obsesiones personales. Las mencionaba recientemente en estas mismas páginas (“Paisaje después de una década”): “la RSE no es independiente de las tendencias generales de la política económica: y  la irrefrenable tendencia a la desregulación  genera barreras y limitaciones poderosas para el progreso de la RSE (cuando no incentivos difícilmente rechazables a la irresponsabilidad)”.

Es algo que el Informe aprecia con particular nitidez en unas políticas tributarias cada día más generalizadas: políticas crecientemente sesgadas hacia la fiscalidad indirecta y la imposición a los sectores mayoritarios y crecientemente benevolentes frente a las grandes empresas transnacionales, que además de disponer de las posibilidades de optimización fiscal que les permiten los precios de transferencia entre filiales, de fuertes exenciones y de tipos impositivos efectivos muy bajos, utilizan cada vez más intensamente (pese a las continuas -e ineficaces- proclamas de gobiernos y de organismos internacionales) el opaco (y altamente eficaz) recurso de los paraísos fiscales.  Políticas, en definitiva, que no inducen, sino todo lo contrario, a comportamientos fiscalmente responsables por parte de las empresas. Un buen ejemplo de cómo las políticas públicas no son neutrales frente a la responsabilidad empresarial.

 

2. La responsabilidad de las empresas en las políticas públicas

El segundo aspecto mencionado está sólo apuntado entre líneas en el Informe. Sin embargo, constituye un elemento central del concepto de responsabilidad empresarial: un elemento que muchos consideran obsoleto y que -¿por qué será?- se viene escapando permanentemente del debate sobre la RSE. Me refiero a la responsabilidad que pueden tener las grandes empresas en las políticas públicas: y muy especialmente, en esa estrategia de salida de la crisis que se va imponiendo como un rodillo en todos los países llamados desarrollados.  Algo a lo que también aludía yo en el artículo antes citado: ¿no tienen las grandes empresas ninguna responsabilidad en la creciente desigualdad social, en las tasas de paro o en el empeoramiento de las condiciones de vida de amplios sectores de la población? Todo tiene, sin duda, causas complejas y en todo influyen  en buena medida  las restricciones impuestas por unos mercados financieros que desconfían de los niveles de déficit y endeudamiento públicos y de las dificultades para garantizar un mayor crecimiento. Pero (dejando al margen la dudosa capacidad de esas restricciones para remediar adecuadamente los problemas),  ¿es que esos impersonales mercados que dominan la esfera política -hasta poner en cuestión el fundamento mismo de la democracia- y que imponen sus durísimos criterios a los gobiernos y a las sociedades funcionan al margen y contra el interés de las grandes instituciones financieras y las grandes empresas transnacionales?  ¿No tienen estas entidades ninguna “responsabilidad social” en esas presiones y en ese modelo socio-económico desigual y desigualador que se está consolidando irresistiblemente?  ¿Es compatible la responsabilidad social con la contribución   -por activa o por pasiva- a un modelo social crecientemente inequitativo e injusto? ¿O quizás las grandes empresas no pueden hacer nada para reconducirlo? ¿Pueden, por ventura, contribuir -ciertamente, no mucho- a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero no tienen capacidad alguna para frenar la desigualdad, el paro y el sufrimiento de tanta gente que padece -¿por culpa de quién?-  el zarpazo de la crisis?

 

 3. Legalidad y RSE

El tercer aspecto del editorial del Informe que me ha llamado la atención es la suculenta reflexión que propone en torno a legalidad y responsabilidad: una reflexión también concretada en el terreno de la fiscalidad, pero que no deja de tener implicaciones más generales.

El planteamiento es nítido: a la vista de los regímenes impositivos extraordinariamente favorables para las grandes empresas transnacionales, tanto en países de origen como en la mayoría de los países en los que operan, ¿es responsable que estas empresas se ciñan a la ley y utilicen sus recursos para unas estrategias de ingeniería fiscal que las convierte en sujetos impositivos claramente favorecidos y que -el Informe dixit- “priman la elusión fiscal” (pág. 27)?

También es nítida la respuesta: “aunque… el uso de estos instrumentos en muchos casos no es ilegal, no se puede discutir que el efecto que producen es a todas luces irresponsable” (pág. 27). Y por si no quedara claro: “…las estrategias fiscales de las empresas que buscan mejora en su competitividad a través de las diversas técnicas de elusión fiscal son incompatibles e incoherentes con cualquier compromiso de desarrollo de las sociedades, de responsabilidad social o de aporte a la cohesión social de los países donde operan” (pág. 28). 

Es un planteamiento que puede parecer provocativo, e incluso radical, pero que no deja de asentarse en los fundamentos mismos del concepto de RSE: la empresa responsable no se limita a cumplir la ley, sino que trata de ir más allá, de aportar  a sus grupos de interés y a la sociedad mayor valor aún  que lo que la ley exige. Los ejemplos ya plenamente asumidos son incontables: salarios, salud y seguridad en el trabajo, contaminación, calidad en el producto, acción social… En todos estos casos y en muchísimos más, las empresas responsables alardean de superar los mínimos legales por su propio compromiso con la responsabilidad (cuando no con la ética). ¿Por qué el ámbito tributario tiene que ser tan radicalmente diferente? Se admiten hipótesis.  

El Informe, por otra parte, no deja estas consideraciones en el terreno teórico, sino que desciende al análisis concreto del comportamiento fiscal de las empresas del IBEX 35, concluyendo con un diagnóstico nada positivo: dominan las estrategias de optimización tributaria mencionadas, una  abrumadora utilización de paraísos fiscales (por mucho que puedan no suponer prácticas ilegales) y  una muy escasa transparencia en la información que aportan sobre todos estos temas.

Al margen de las múltiples restantes aportaciones del Informe, creo que no debería echarse en saco roto este examen de los comportamientos fiscales, porque revela un componente nada fútil de las estrategias y de las políticas de empresas que presumen de un elevado compromiso con la responsabilidad social. De forma que, como bien dice también el tan citado editorial, “en base a este análisis se podría determinar si dichas estrategias y políticas son coherentes con el discurso de responsabilidad social y desarrollo sostenible en el que se envuelven, o son simplemente un mero recurso dialéctico y oratorio útil…” (pág. 14).

Es verdad que el Observatorio dedica esta lapidaria frase a las políticas públicas: ¿podría  quizás ser aplicable también a las actuaciones empresariales? Lean el Informe y juzguen ustedes.    

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